Puentes QuincenalVolumen 9Número 1 • febrero de 2012

México y EE.UU. apelan informe de panel en disputa Atún-Delfín II


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Estados Unidos notificó el pasado 20 de enero su apelación en la disputa en contra de México sobre la etiqueta “dolphin-safe” (o “delfín-seguro”) utilizada en el atún que se vende en territorio estadounidense (DS381). La decisión tomada por el gobierno de los EE.UU. ocurrió apenas dos días antes del plazo final para apelar el informe en cuestión; México, a su vez, también apeló el informe este 25 de enero.

La vocera de la oficina del Representante Comercial de los EE.UU, Andrea Mead, indicó que para  Washington, la decisión de apelar “demuestra el compromiso de los Estados Unidos con nuestras medidas de etiquetado “dolphin safe“, dijo. “(Las etiquetas)  brindan información a los consumidores estadounidenses, pues son quienes toman las decisiones de compras alimenticias para sus familias”.

En seguimiento a la decisión del gobierno de los EE.UU., la Secretaría de Economía emitió un comunicado de prensa luego del anuncio del gobierno estadounidense, a través  del cual también advirtió que apelaría el fallo del grupo especial, particularmente  respecto a los aspectos que el panel no resolvió a favor de México, como lo son las implicaciones discriminatorias de la etiqueta “delfín-seguro”.

Para este caso, el informe del grupo especial se circuló en septiembre de 2011, el cual fue percibido como una victoria ambivalente para México. En última instancia, el gobierno mexicano resultó vencedor debido a la constatación del panel de que las medidas estadounidenses son un reglamento técnico innecesariamente restrictivo para el comercio que por lo tanto viola el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC.

El panel, no obstante, también respaldó a Washington en algunos aspectos del caso, especialmente en el alegato de México de que la medida era discriminatoria. El grupo especial determinó que la política de etiquetado no favorecía los productos de atún de los EE.UU. o de otros países en detrimento de los procedentes de México.

Las constataciones del panel de septiembre pasado conllevan varias complicaciones para ambas partes, aunque por distintas razones.

Los EE.UU. están cuestionando las conclusiones por las siguientes causas. Primero, buscan establecer que las reglas de etiqueta son en realidad voluntarias en los EE.UU., sobre la base de que no deben cumplirse para colocar el producto en su mercado. En otras palabras, el gobierno estadounidense defiende que la etiqueta no es obligatoria.

Este ha sido un aspecto importante en el caso en cuestión, pues no se requiere la etiqueta para la actividad de importación o mercadeo del producto. No obstante, debido a que la medida prohíbe todas las etiquetas alternativas que usen un estándar distinto se regula la información disponible para el consumidor de manera obligatoria. Esta característica vuelve de facto vinculante la medida, determinó el panel.

La distinción entre obligatorio y voluntario es importante, pues es la única base para clasificar las leyes de un país como normas, o bien, como reglamentos técnicos bajo el Acuerdo OTC. Debido a que la normatividad sobre etiquetado fue considerada por el panel como un reglamento técnico, debe cumplir con las reglas del Acuerdo OTC en el sentido de que las medidas no deben ser más restrictivas al comercio de lo necesario para cumplir su objetivo.

En su apelación, Washington también reclama que el panel erró en su encomienda de evaluar objetivamente la evidencia de que las medidas estadounidenses en realidad sí alcanzan objetivos legítimos a saber: informar a los consumidores y proteger la salud animal.

Asimismo, Washington señala que el panel se equivocó al concluir que el esquema de etiquetado del Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación de los Delfines (APICD) estaba razonablemente al alcance, y que era una alternativa menos restrictiva al comercio que podía satisfacer los objetivos al mismo nivel que la normativa vigente en materia de etiquetado.

Aunque el panel no le pidió a los EE.UU. usar la definición “dolphin safe” del APICD, sugirió que ambos esquemas de etiquetado podían coexistir en el mercado de los EE.UU., brindando así la información necesaria para los consumidores.

El gobierno estadounidense sostiene que el APICD no es un órgano de estándares internacionales capaz de preparar y adoptar normas internacionales bajo el Acuerdo OTC, como concluyó el grupo especial.

México, quien reconoció la decisión del panel como una victoria para su país y su industria atunera, se enfocará en el alegado de la discriminación durante su apelación. La verificación por parte de observadores independientes de que no murieron o se dañaron delfines durante la pesca, es suficiente para obtener la etiqueta “dolphin-safe” para los países que pescan fuera del Océano Pacífico Tropical Oriental. Pero para México, aparentemente, se piden más requisitos. El panel desechó el argumento del país azteca respecto a que esta distinción representaba una discriminación de facto con base en la nacionalidad.

Según las normas de la OMC, el Órgano de Apelación sólo debe examinar los aspectos jurídicos y las interpretaciones legales comprendidas en el informe de panel. Los hechos no debe ser revalorados, y el Órgano de Apelación tampoco debe involucrarse en las discusiones legales que el panel no haya examinado durante la primera instancia. En principio, el informe del Órgano de Apelación deberá emitirse a no más tardar 90 días luego de que se haya presentado el aviso de apelación. No obstante, el grupo especial en esta disputa ya ha excedido su plazo por más de dos años.

Traducción y adaptación de ICTSD y CINPE. “US, Mexico to Fight Another Round in Tuna Dispute”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 16, No. 3, 25 de enero de 2012.

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