Puentes Quincenal • Volumen 6 • Número 12 • junio de 2009

Crecimiento económico vs. desarrollo sostenible: conflicto con indígenas en Perú reaviva el debate

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El reciente conflicto entre el gobierno del Perú y comunidades nativas por las nuevas regulaciones en torno al uso de las tierras, ha puesto sobre la palestra la contradicción entre los derechos humanos a un ambiente sano y a la preservación de las culturas ancestrales versus el desarrollo económico a través de la promoción de las inversiones y el comercio.

Los decretos 1064 y 1090 derogados el 18 de junio pasado por el Congreso peruano a causa de la presión popular, contenían cambios en la clasificación de los suelos, lo cual tornaba más sencillo hacerlos objeto de ventas para la posterior explotación, ya sea forestal, minera o petrolera.

Ante esta situación, algunas poblaciones indígenas que sumaron a miles de miembros, realizaron protestas y bloqueos de vías terrestres y fluviales que han llevado a la dura reacción por parte de las autoridades produciendo civiles y policías heridos y muertos y llevando con ello al gobierno de Alan García a una crisis política inédita en su mandato.

La normativa en conflicto

Los decretos cuestionados fueron emitidos por el Ejecutivo del Perú por delegación del Congreso con la finalidad de agilizar el proceso de implementación del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) del país andino con los EE.UU. Al menos seis de estos decretos han sido catalogados por opositores del gobierno y organizaciones de defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios como perniciosos para el medio ambiente y la integridad de las poblaciones indígenas y campesinas peruanas. Hasta ahora sólo los arriba mencionados han sido derogados.

Los decretos 1090 y 1064 regulaban lo atinente a las actividades productivas en zonas boscosas y en las comunidades nativas y campesinas. El decreto 1090 parte de la prioridad establecida por el Estado de promocionar la forestación para fines industriales en la amazonía, así como la industria forestal en todo el territorio nacional, con la finalidad de “conseguir mayor rentabilidad económica y beneficio social a favor de la población vinculada a la actividad forestal”. Así, bosques naturales primarios -calificados- son clasificados como bosques de producción permanente o a futuro. Igualmente está previsto el desbosque para la explotación minera o petrolera, previo permiso otorgado por autoridad competente. Mientras tanto, el decreto 1064 estipula la integridad de la propiedad territorial de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, no se prevé la integridad de las comunidades como tales, esto es, no se les protege de eventuales actividades industriales cercanas a los territorios que pudiesen afectar sus derechos a un ambiente sano o a la preservación de su cultura.

Los reclamantes han aducido que la normativa les desprotege pues no contempla ningún tipo de consulta a las comunidades. Además, se facilita, a través de la reclasificación de tierras, la venta y posterior dedicación a la industria maderera, minera o petrolera de terrenos boscosos.

La derogatoria de los decretos a la luz del APC con los EE.UU.

Para la Ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz, la derogación de los decretos lo que hace es colocar al Perú en una situación de incumplimiento con los términos pactados en el APC y le hace sujeto de una demanda en ese sentido.

Por el contrario, unas 15 organizaciones internacionales como Oxfam America, Greenpeace de los EE.UU. y Amigos de la Tierra, firmaron una carta enviada a altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos a la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y al Representante Comercial Ron Kirk, solicitándoles que se pronuncien al respecto.

Según esta misiva, los EE.UU. deben clarificar que la derogatoria de la normativa mencionada de ningún modo lleva al Perú a incumplir sus compromisos adquiridos en el APC y enviar así una clara señal de que la administración del Presidente Barack Obama no está dispuesta a “aceptar una erosión en la democracia, la estabilidad y los derechos humanos, por la búsqueda del libre comercio”.

Hasta el momento, fuentes han señalado que las autoridades interpeladas están reacias a pronunciarse, pues consideran que el asunto es de competencia única y exclusivamente del gobierno del Perú, y que es este el que debe valorar si los decretos resultan indispensables a la luz de lo pactado en el APC.

Problema más profundo: modelo de desarrollo para el Perú

La administración de Alan García ha hecho alarde del crecimiento económico del país que para el año pasado fue de un 9.84%, uno de los mejores desempeños del mundo, en buena parte logrado por los altos precios de los minerales. Es así como el gobierno promociona al país como “país minero” y busca a toda costa fomentar las inversiones en este campo, así como en el petrolero y el maderero. Esta administración se ha puesto además como una de sus metas la ofensiva inserción del Perú en la economía mundial, mayormente a través de la firma de acuerdos de libre comercio con potencias mundiales.

Pero, para otros como el abogado entrevistado por BBC Octavio Alvarado, en un país tan extenso y variado como el Perú, debería de haber cabida para varios enfoques de desarrollo. Según reseña el rotativo británico, Alvarado junto con Jaime Bustamante ganó recientemente un juicio al Gobierno, al obligar a la suspensión de la explotación petrolera en una zona de recarga acuífera. Según los abogados, el fallo estaría sentando un precedente importante, por anteponer el derecho al agua potable al interés de sacar provecho inmediato a los recursos naturales. Según dijeron, ese razonamiento es aún raro en el Perú.

Más aún, muchos consideran que el actual conflicto no es más que señal de un problema mucho más profundo y que atañe a la manera en que la riqueza generada por instrumentos de comercio e inversiones es inadecuadamente concentrada, dejando por fuera de la prosperidad a todo un abanico de poblaciones. Esto, aunado a la inexistencia de adecuados canales para la transmisión de las diferencias, conlleva al estallido de conflictos sociales con lamentables consecuencias humanas.

Reportaje ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

Claves del conflicto en Perú. (2009, 9 de junio). BBC. Consultado el 21 de junio de 2009 en http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/06/090608_1226_peru_qa_lp.shtml

La derogación de los decretos 1090 y 1064 es una corrección sin precedente. (2009, 19 de junio). El Comercio. Consultado el 21 de junio de 2009 en http://www.elcomercio.com.pe/noticia/302787/derogacion-decretos-1090-1064-correccion-sin-precedente

Perú está incumpliendo el TLC con Estados Unidos, advierte Aráoz. (2009, 19 de junio). RPP. Consultado el 21 de junio de 2009 en http://www.rpp.com.pe/2009-06-19-peru-esta-incumpliendo-el-tlc-con-estados-unidos-advierte-araoz-noticia_189237.html

Perú: ¿agua o petróleo? (2009, 9 de abril). BBC.

Consultado el 21 de junio de 2009 en

http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/04/090408_peru_agua_mineria_mr.shtml

Presidencia de la República del Perú. (2008, 27 de junio). Decreto Legislativo 1064. Consultado el 21 de junio de 2009 en

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01064.pdf

__________ (2008, 27 de junio). Decreto Legislativo 1090. Consultado el 21 de junio de 2009 en http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01090.pdf